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Me siento como un preso al que le han cerrado la última ventana de su celda.
Estoy seguro de que así se sienten también muchos costarricenses concientes que, ante tanta ignominia y desvergüenza, se santiguan
para que Dios nos agarre confesados.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No se contradice el espíritu solidario o social de nuestro Pacto
Fundacional. No importa si la Caja Costarricense de Seguro Social se convierte a partir del TLC en otro tipo de caja. Una vacía, hueca
por dentro, derruida por fuera. No tiene efectos constitucionales que a partir del TLC no pueda la CCSS brindar medicinas y servicios
médicos a la población desheredada. El rompimiento del Estado Solidario les es indiferente. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No es contrario al espíritu de nuestra Carta Política que fabriquemos
armas de destrucción masiva ni que nos constituyamos en un depósito de desechos nucleares. La costumbre, nombre menor de la
cultura, ha dejado de ser fuente del derecho de la Constitución. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No importa que las garantías sociales tengan a partir de ahora un
techo fijado, un ancla atada a la garganta, un plomo amarrado a la lengua. Eso tampoco llamó la atención de los magistrados plegados
al capital. Que podamos defender lo que tenemos hasta hoy en protección del trabajador es una cosa muy distinta a la facultad soberana
de ampliar el marco de garantías sociales. Empatar hacia abajo se llama eso y tampoco importó.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No amerita oposición que privaticemos la justicia ni tampoco que lo
hagamos para unas
partes sí y para otras no. Que el Estado pueda ser demandado pero no demandar no contradice el principio de igualdad de armas en
que se funda todo el orden del debido proceso constitucional. Tampoco es problema de constitucionalidad que un inversionista
extranjero pueda someter al Estado a una jurisdicción privada, pero no pueda hacerlo el inversionista nacional. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No es considerable que el territorio costarricense sea definido ahora
por un tratado internacional firmado con el país más poderoso —y colonialista— del mundo sin reparar en que esa potencia de
“cowboys” no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No debe repararse tampoco en que el tratado margine la licitación
pública en las contrataciones con el Estado imponiendo en su lugar la contratación directa, que facilita el negocio a los funcionarios
públicos costarricense que suficiente prueba han dado de su predisposición corrupta —con meritorias excepciones— y a las
transnacionales acostumbradas a pagarles sus oprobiosos lujos
—con aún menores excepciones—. Nada de eso importa.
¿Para qué seguir? La discusión aquí no es jurídica. Nunca lo ha sido. Es eminentemente política. Hoy el juego lo gana el que convence a
los ignorantes. Esos mismos que creen en la falacia de autoridad según la cual un argumento es válido o cierto dependiendo de quién lo
diga, sin reparar en el fondo de lo que diga. El TLC es constitucional porque la Sala lo dijo... ¡Por favor! Ahí están dos valientes
magistrados que salvaron el voto diciendo lo contrario.
Hoy el tema es de número. No de fondo. Se resolverá la interrogante en las aulas, ya no en las calles ni mucho menos en las curules o las
cortes.
¿Acaso alguien serio esperaba que la Sala, esta, la misma de la reelección, dijera algo distinto?
¡Que vergüenza ajena! Primero la reelección y ahora esto.
*Profesor de Derecho, UCR. Especialista en Derecho Constitucional
Estoy seguro de que así se sienten también muchos costarricenses concientes que, ante tanta ignominia y desvergüenza, se santiguan
para que Dios nos agarre confesados.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No se contradice el espíritu solidario o social de nuestro Pacto
Fundacional. No importa si la Caja Costarricense de Seguro Social se convierte a partir del TLC en otro tipo de caja. Una vacía, hueca
por dentro, derruida por fuera. No tiene efectos constitucionales que a partir del TLC no pueda la CCSS brindar medicinas y servicios
médicos a la población desheredada. El rompimiento del Estado Solidario les es indiferente. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No es contrario al espíritu de nuestra Carta Política que fabriquemos
armas de destrucción masiva ni que nos constituyamos en un depósito de desechos nucleares. La costumbre, nombre menor de la
cultura, ha dejado de ser fuente del derecho de la Constitución. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No importa que las garantías sociales tengan a partir de ahora un
techo fijado, un ancla atada a la garganta, un plomo amarrado a la lengua. Eso tampoco llamó la atención de los magistrados plegados
al capital. Que podamos defender lo que tenemos hasta hoy en protección del trabajador es una cosa muy distinta a la facultad soberana
de ampliar el marco de garantías sociales. Empatar hacia abajo se llama eso y tampoco importó.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No amerita oposición que privaticemos la justicia ni tampoco que lo
hagamos para unas
partes sí y para otras no. Que el Estado pueda ser demandado pero no demandar no contradice el principio de igualdad de armas en
que se funda todo el orden del debido proceso constitucional. Tampoco es problema de constitucionalidad que un inversionista
extranjero pueda someter al Estado a una jurisdicción privada, pero no pueda hacerlo el inversionista nacional. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No es considerable que el territorio costarricense sea definido ahora
por un tratado internacional firmado con el país más poderoso —y colonialista— del mundo sin reparar en que esa potencia de
“cowboys” no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nada de eso importa.
Ni una sola inconstitucionalidad, dijo la Sala Constitucional. Ni una. No debe repararse tampoco en que el tratado margine la licitación
pública en las contrataciones con el Estado imponiendo en su lugar la contratación directa, que facilita el negocio a los funcionarios
públicos costarricense que suficiente prueba han dado de su predisposición corrupta —con meritorias excepciones— y a las
transnacionales acostumbradas a pagarles sus oprobiosos lujos
—con aún menores excepciones—. Nada de eso importa.
¿Para qué seguir? La discusión aquí no es jurídica. Nunca lo ha sido. Es eminentemente política. Hoy el juego lo gana el que convence a
los ignorantes. Esos mismos que creen en la falacia de autoridad según la cual un argumento es válido o cierto dependiendo de quién lo
diga, sin reparar en el fondo de lo que diga. El TLC es constitucional porque la Sala lo dijo... ¡Por favor! Ahí están dos valientes
magistrados que salvaron el voto diciendo lo contrario.
Hoy el tema es de número. No de fondo. Se resolverá la interrogante en las aulas, ya no en las calles ni mucho menos en las curules o las
cortes.
¿Acaso alguien serio esperaba que la Sala, esta, la misma de la reelección, dijera algo distinto?
¡Que vergüenza ajena! Primero la reelección y ahora esto.
*Profesor de Derecho, UCR. Especialista en Derecho Constitucional
Pablo Barahona Krüger*
| Primero la reelección y ahora esto |