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De cal y de arena
Álvaro Madrigal
El archivo fue el destino del conjunto de medidas contenidas en aquel proyecto de ley que en el lenguaje popular llegó a ser conocido
como “el combo ICE”, pero no lo fue para la corriente de pensamiento que había deformado los términos del consenso logrado tras
arduas sesiones de trabajo en las que se buscaba el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad. Si bien una lujosa
mayoría de diputados aprobó el proyecto de ley secuestrado, la masiva y contundente reacción popular que se expresó de inmediato
en contra del desguace del ICE, impuso el archivo de la iniciativa. No obstante, esa línea de pensamiento liberal no renunció a sus
objetivos; menos al terreno que había conquistado desde que echara a andar el proyecto de privatización de los sectores de
electricidad y telecomunicaciones. Con habilidad y astucia practicó el debilitamiento del ICE para descalificarlo y situarlo en la
impotencia para afrontar la misión que la ley le asignó. Se reprimió su autonomía y se le subordinó a otros entes como la Autoridad
Presupuestaria, el Banco Central, los Ministerios de Hacienda y del Ambiente, CONAFIN y SETENA. Hasta se encontró un infausto
criterio del Banco Mundial por el cual se interpretó que sus egresos hacia proyectos de desarrollo eran gastos y no inversión. Aún
más, se le obligó a generar utilidades y a invertir en bonos del Gobierno. Fue un proceso con raíces en la administración Figueres
Olsen. Dejó ver sus intenciones con la Ley 7200 (que imponía la compra de la electricidad a empresas privadas a tres veces el costo
de producción del ICE) y obstaculizó el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica basado en el aprovechamiento de recursos
locales, con perniciosos efectos sobre la Térmica Garabito y la Hidroeléctrica Pacuare. El Sindicato de Profesionales del ICE empezó
a advertir en 2001 lo que sufriría el país si no se recuperaban el norte y el sentido de prioridad y de emergencia: para el verano de
2007 pronosticó una crisis en el abastecimiento de electricidad. No se equivocó.
====
Quienes sí se equivocaron fueron los jerarcas del ICE promotores de aquellas políticas que debilitaron y sofocaron la Institución
hasta inhabilitarla para atender la demanda, sin tener a mano el “plan B” en el que la generación privada llenase el faltante. Deberían
responder en un “juicio de residencia” por frustrar el cumplimiento de su ley orgánica en dos áreas específicas, juntamente con
quienes después fueron comisionados por el presidente Arias para los asuntos del ICE como ministros, presidentes ejecutivos y
miembros de junta directiva, porque en 11 meses no hicieron nada para anticipar la crisis que otros sí advirtieron. ¡No, señor
Presidente, la falta de planeamiento no es reprochable solo a las últimas tres administraciones. La suya también debe responder! El
ICE debe identificar en su pasado los errores cometidos. Es un imperativo como ejercicio de precisión de responsabilidades y como
razón de confianza en que no los repetirá. Y su grande y valioso acervo tecnócrata —y no los intereses económicos o políticos—
deben recuperar la posición inspiradora que hizo ejemplar la Institución.
Álvaro Madrigal
El archivo fue el destino del conjunto de medidas contenidas en aquel proyecto de ley que en el lenguaje popular llegó a ser conocido
como “el combo ICE”, pero no lo fue para la corriente de pensamiento que había deformado los términos del consenso logrado tras
arduas sesiones de trabajo en las que se buscaba el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad. Si bien una lujosa
mayoría de diputados aprobó el proyecto de ley secuestrado, la masiva y contundente reacción popular que se expresó de inmediato
en contra del desguace del ICE, impuso el archivo de la iniciativa. No obstante, esa línea de pensamiento liberal no renunció a sus
objetivos; menos al terreno que había conquistado desde que echara a andar el proyecto de privatización de los sectores de
electricidad y telecomunicaciones. Con habilidad y astucia practicó el debilitamiento del ICE para descalificarlo y situarlo en la
impotencia para afrontar la misión que la ley le asignó. Se reprimió su autonomía y se le subordinó a otros entes como la Autoridad
Presupuestaria, el Banco Central, los Ministerios de Hacienda y del Ambiente, CONAFIN y SETENA. Hasta se encontró un infausto
criterio del Banco Mundial por el cual se interpretó que sus egresos hacia proyectos de desarrollo eran gastos y no inversión. Aún
más, se le obligó a generar utilidades y a invertir en bonos del Gobierno. Fue un proceso con raíces en la administración Figueres
Olsen. Dejó ver sus intenciones con la Ley 7200 (que imponía la compra de la electricidad a empresas privadas a tres veces el costo
de producción del ICE) y obstaculizó el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica basado en el aprovechamiento de recursos
locales, con perniciosos efectos sobre la Térmica Garabito y la Hidroeléctrica Pacuare. El Sindicato de Profesionales del ICE empezó
a advertir en 2001 lo que sufriría el país si no se recuperaban el norte y el sentido de prioridad y de emergencia: para el verano de
2007 pronosticó una crisis en el abastecimiento de electricidad. No se equivocó.
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Quienes sí se equivocaron fueron los jerarcas del ICE promotores de aquellas políticas que debilitaron y sofocaron la Institución
hasta inhabilitarla para atender la demanda, sin tener a mano el “plan B” en el que la generación privada llenase el faltante. Deberían
responder en un “juicio de residencia” por frustrar el cumplimiento de su ley orgánica en dos áreas específicas, juntamente con
quienes después fueron comisionados por el presidente Arias para los asuntos del ICE como ministros, presidentes ejecutivos y
miembros de junta directiva, porque en 11 meses no hicieron nada para anticipar la crisis que otros sí advirtieron. ¡No, señor
Presidente, la falta de planeamiento no es reprochable solo a las últimas tres administraciones. La suya también debe responder! El
ICE debe identificar en su pasado los errores cometidos. Es un imperativo como ejercicio de precisión de responsabilidades y como
razón de confianza en que no los repetirá. Y su grande y valioso acervo tecnócrata —y no los intereses económicos o políticos—
deben recuperar la posición inspiradora que hizo ejemplar la Institución.